Conajzar pide más dictámenes para evitar un caos jurídico

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) evitó pronunciarse sobre un último pedido de refinanciación y modificación del contrato solicitado por Mepshow, la concesionaria de la quiniela. Envió sendos pedidos de dictámenes a varias instituciones atendiendo a que la petición realizada por la concesionaria supone una sustancial modificación del contrato, lo que no sólo provocaría una sangría económica al Estado sino también un caos jurídico.

Patricia Marchewka explica en rueda de prensa la decisión tomada en la reunión del Consejo.

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El Consejo de la Conajzar se reunió este miércoles para tratar el pedido de refinanciamiento solicitado por Mepshow, pero para sorpresa de los miembros, la solicitud tenía varios puntos (como la reducción del canon mensual, cuestiones referidas al pago de tributos de la Ley 431/73 y aplazamientos de más cánones) lo que llevó a resolver pedir dictámenes a organismos estatales vinculantes como la Procuraduría General de la República, el Viceministerio de Administración Financiera y la Superintedencia de Seguros, del Banco Central del Paraguay (BCP).
En rueda de prensa, la titular de Conajzar, Patricia Marchewka, explicó que esta solicitud de dictámenes se realiza para poner a resguardo personal y profesionalmente a los integrantes del Consejo, habida cuenta de la complejidad de la decisión que se debe tomar y que afectará los ingresos del Estado así como representar una complicada reingeniería presupuestaria.
Para el miembro de la Conajzar, Ricardo Lugo, el pedido de Mepshow realizado a través del abogado Paolo Pederzani plantea un nuevo escenario lo que ocasionaría “serias complicaciones en la estructura del Presupuesto” aseguró el funcionario en relación a que el dinero recibido en concepto de cánones está contemplado para la Dirección de Beneficencia (Diben).
Por ley, todo lo recaudado por la Conajzar en concepto de cánones por las distintas licencias de juegos de azar va destinado, en igual porcentaje, para las gobernaciones, las municipalidades y la Diben.
Lugo puntualizó que con lo que un atraso en el pago o un refinanciamiento provocarían un serio desfase presupuestario, además de una violación al contrato suscrito con el Estado a través de la Conajzar, además de que se vulneraría un decreto del Poder Ejecutivo, que fue la institución que otorgó la licencia a Mepshow.
“Es por ello que se han solicitado dictámenes; para tener razones de las consecuencias que acarrean estos hechos para tener un respaldo objetivo de nuestras decisiones” recordó Lugo.
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